El sector privado ha cargado con todo el peso del ajuste, y el que no ha podido adaptarse a la nueva situación se ha visto forzado a desaparecer. Ahora es el Estado el que debe enfrentarse a una cura de adelgazamiento. Hay que cerrar empresas y organismos públicos para ahorrar dinero y hay urgencia en demostrar a la opinión pública que se ahorra y que se apuesta por una obligada austeridad. Cuestión de imagen y de necesidad.
Muchos políticos se apuntan al discurso de la austeridad, unos por convicción y otros por seguir la tendencia, y posiblemente exageran con gestos de cara a la galería, con medidas de escasa trascendencia, salvo la del ejemplo. La vicepresidenta, Saénz de Santamaría, ha explicado que se van a cerrar 24 empresa públicas y que se van a liquidar diversas sociedades participadas por el Estado. Como consecuencia, el Estado dejará de pagar sueldos y dietas de 154 consejeros, destituidos de sus cargos, con el ahorro de 1,83 millones de euros anuales sólo por este concepto.
Se trata de un gesto para ganar titulares que recuerdan que hay empresas con más consejeros que personal, y que algunas hace ya muchos años que carecen de contenido. Aquí todavía existen empresas cuya actividad se centra en la organización en 1992 del V Centenario del Descubrimiento, pero también es cierto que a mitad del siglo pasado todavía la administración inglesa tenía a fareros contra las invasiones napoleónicas.
Lo que está en juego es algo mucho más serio y profundo, y es la severa reconducción del gasto público. Hay que ir bastante más allá de los gestos necesarios, pero demagógicos.
