Dos primas están permanentemente en el candelero: la famosa prima de riesgo y otra prima menor, pero no menos llamativa, la referida a las energías renovables y subvencionables. Ambas ahogan a la economía española y condicionan la política económica. España arrastra un fortísimo déficit tarifario –del orden de los 7.500 millones de euros anuales- y los ministros de Hacienda e Industria han discrepado sobre la línea a seguir para corregir un agujero insostenible.
Hace ya muchos años que España estableció un precio político en el capítulo energético y proporcionó incentivos y primas para el desarrollo de las energías renovables, especialmente la eólica, solar y fotovoltaica, electricidades limpias pero muy caras. Esa política ha generado un déficit tarifario de 24.000 millones de euros, avalado por el Estado, que debe satisfacerse a las compañías del sector. Así que es imprescindible cortar esa sangría e implementar un modelo que asegure la eliminación de un déficit estructural inasumible.
El ministro de Industria ha dado a conocer las líneas maestras de la pretendida reforma energética, básicamente un paquete de medidas fiscales, y el ministro de Hacienda ha replicado afirmando que las propuestas en materia fiscal son de su competencia. Una discrepancia normal, pero es poco presentable que las diferencias se airen públicamente.
Resulta evidente que no puede repercutirse en su integridad el déficit tarifario a los consumidores, pues obligaría a aumentar el 84% la factura de la luz. Pero el encontronazo deja en evidencia que la figura de un vicepresidente económico estaría más que justificada.
