Los planes de ajuste diseñados por el Gobierno para los municipios contemplan una inmediata limitación de crédito a los ayuntamientos, una decisión traumática que la presión de los alcaldes logró retrasar hasta el 1 de enero de 2011. Hasta que no se advirtió el “error técnico”, excusa para justificar la rectificación, se vivieron veinticuatro horas de infarto municipal, con alcaldes al borde del ataque de nervios, angustiados ante la asfixia financiera que se avecinaba. Ahora, cuando menos, quedan más de seis meses para reforzar la financiación, prepararse para el invierno y hacer frente a la dura realidad.
Con una deficiente estructura financiera y altamente dependientes del ladrillo, los municipios sufren en propia carne la caída inmobiliaria. Durante años sobrevivieron gracias a las licencias de construcción, fuente de recursos que se ha secado de forma abrupta. Hoy los ayuntamientos tienen una deuda gigantesca y el Estado, temeroso de esa vía de agua, ha decidido cerrar el grifo del crédito.
El tema de fondo es replantearse la financiación de los municipios, una vieja demanda pendiente, cuya solución no parece fácil en la presente coyuntura. La austeridad se impone, pero siendo imprescindible no es suficiente para evitar la bancarrota. Ese es atolladero en el que se ahogan los ayuntamientos.
Algunos apuestan por la solución griega, por la reducción y fusión de ayuntamientos, y por mancomunar servicios y estructuras administrativas. Y de ahí para abajo en un ajuste que debería llegar a las diputaciones y parte de ese tupido enjambre de organismos que se superponen y que deberían ser objeto de una racionalización.
