Conceder el tercer grado al terrorista Bolinaga, criminal y torturador de Ortega Lara, ha abierto una nueva vía de agua en el PP y parece que en el propio Gobierno. El ministro de Interior ha apoyado la excarcelación del vigilante de zulos que, según algún dictamen médico, sufre un cáncer terminal. No actuar así, dice el ministro, hubiera sido prevaricar. Los críticos de la decisión entienden que la medida es legal, pero también hubiera sido legal la decisión contraria: mantener preso a Bolinaga. Lo que se pone en tela de juicio es la obligatoriedad o discrecionalidad de la medida.
La discusión pública sobre un tema que no deja indiferente a casi nadie tiene como fondo el tufo pastelero de la política antiterrorista, con posibles acuerdos bajo cuerda y otros enjuagues dolorosos, pero con el activo nada despreciable de la no violencia, una interrupción que no pone en jaque las convicciones de muchos y que extiende el sentimiento de indignidad ante lo que se percibe como claudicación.
Repugna a la mayoría de la sociedad la alucinante historia de Bolinaga, asesino y torturador, implacable guardián del zulo construido para enterrar en vida a Ortega Lara, un delincuente que ahora se beneficia de medidas de gracia, de una libertad que el negó a sus víctimas. Los derechos humanos favorecen a los que no los respetaron.
A un preso común, muy poco común si se repara en su currriculum, se le concede la benevolencia de poder morir en casa, algo que él nunca se planteó ofrecer a sus víctimas. Por eso la decisión duele, pero la civilización y los derechos se escriben en clave diferente al ojo por ojo.
